Imaginemos que vemos a un señor que pasea a
su perro, el perro se detiene, bascula
su trasero hacia abajo mientras pone cara de circunstancias y comienza a vaciar
los intestinos. El dueño mira a un lado y a otro y se va dejando el “regalo”
humeante mientras aprieta el paso.
Ahora imaginemos a otro señor que reclama el
derecho de su perro a defecar sin que él deba recoger los excrementos. A este
señor le advierte la autoridad de que ese hecho constituye una falta
sancionable. El dueño del perro dice que se trata de un asunto político y que
él y su perro son soberanos para ejercer su derecho a cagar en la calle y que
convocan a todos a ver como en una fecha próxima van a ir al parque el perro y
él a ejercer su derecho democrático a hacer de vientre.
Imaginemos un tipo que está violando a una
señora y que le dice a la policía que se trata de un derecho democrático que él
tiene, que esa señora es suya, su novia, su amante o su esposa y que si no buscan
una solución política, dialogada y democrática, para sancionar su derecho de
violación lo que la sociedad va a conseguir es que las cosas vayan a peor y que
además de violarla acabe matándola. El violador asegurará que la intransigencia
del Estado hacia su conducta “democrática” (él ha decidido por unanimidad
violarla) es un acto de manifiesta hostilidad y de desprecio por su “cultura” y
por su ejercicio de autodeterminación (él ha determinado que tiene derecho) recogido por Naciones Unidas.
Imáginemos a Artur Mas, representante del
Estado español y presidente del gobierno de Cataluña en virtud del derecho y
las leyes españolas, convocando una
consulta, que la Ley le impide convocar, anunciando que la Ley no le incumbe a
él que es un producto de la Ley española, y diciendo que es un ejercicio demócratico. Le
siguen el 30% de sus convecinos abducidos y pretenden que les salga gratis o si
no se reservan otras actuaciones (ilegales).
El violador y el amo del perro cagón son
menos responsables de sus delirios que Artur Mas de los suyos.
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